Orlando Al Día Las leyes migratorias pertenecen al ámbito federal y es el gobierno en Washington quien tiene jurisprudencia en este tema. Pero Ron DeSantis, en la Florida, encontró la forma de volverlo un tema estatal con su propia regulación.
Florida no tiene control sobre lo que pasa en la frontera: cómo se procesan los casos, o qué requerimientos se piden para visas, tarjetas de residencia o procesos de ciudadanía. Pero desde el estado se puede controlar a quién se le da tarjetas de identificación, cuánta presión se le pone a los empleadores para controlar que no tengan personas indocumentadas en su nómina, o qué servicios de salud se le da a aquellos sin estatus legal en el país.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acaba de firmar la que se considera la ley migratoria más severa del país. Es la SB1718, aprobada por amplia mayoría en el congreso estatal, que establece lo siguiente para el estado del sol:
- Se les prohibe a los gobiernos locales otorgar documentos de identidad a las personas que no puedan demostrar estatus migratorio legal en el país.
- Se les exhige a los hospitales que trabajen con seguros Medicaid (que reciben fondos de las arcas estatales) que incluyan en sus formularios una pregunta sobre el estatus migratorio de los pacientes y que compartan esta información con el estado.
- Se les prohibe a los graduados de escuelas de leyes que sean indocumentados que tomen el exámen para la licencia como abogados en el estado.
- Se aumentan las penalidades contra aquellos condenados por tráfico humano.
- Se incrementa la presión sobre los empleadores para utilizar e-Verify, un sistema electrónico para comprobar el estatus migratorio de potenciales empleados.
