La ley migratoria de Florida H.R. 1718 entrará en vigor el primero de julio, pero ya sembró nerviosismo y temor en todo el estado. Se trata de la legislación más dura en su tipo en Estados Unidos por su alto nivel de castigos y exigencias. Entre ellas, una que alarma tanto a indocumentados como a ciudadanos y residentes permanentes: que los hospitales deberán preguntar el estatus migratorio de sus pacientes.
La sección 5 de la Ley H.R. 1718 sobre recopilación de información sobre el estado migratorio requiere que “los hospitales que aceptan el Programa Medicaid, incluyan una disposición en sus formularios de admisión o registro de pacientes para que el paciente o el representante del paciente declare o indique si el paciente es ciudadano de Estados Unidos o está legalmente presente en Estados Unidos o no está presente legalmente en Estados Unidos”.
La nueva ley requiere que los hospitales “presenten informes trimestrales a la Agencia para la Administración de Atención Médica”, datos que deben incluir “la cantidad de admisiones hospitalarias o visitas a las emergencias durante el trimestre anterior que fueron realizadas por un paciente que indicó que él o ella era ciudadano de Estados Unidos o se encontraba legalmente presente en Estados Unidos, no estaba legalmente presente en Estados Unidos o se negó a responder”.
El no responder a una pregunta, como por ejemplo revelar el estatus migratorio a un hospital, “usted puede permanecer callado y decir que no quiere responder”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, sur de Florida. “No aplica la 5ta Enmienda de la Constitución, que le da el derecho a permanecer callado para no incriminarse. De usted depende si la quiere invocar, pero en este caso usted es libre de responder o no a esta pregunta», agrega.