Una coalición de organizaciones de derechos civiles y legales demandó este lunes la ley migratoria de Florida SB 1718, que entre otras medidas castiga con penas de cárcel de hasta 30 años el traslado de inmigrantes indocumentados desde otros estados y exige a los hospitales registrar el estatus migratorio de los pacientes, incluso aquellos que acuden a salas de emergencia.
“La demanda se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionados’ por el gobierno federal desde entonces”, señala la demanda entablada por el Southern Poverty Law Center, el American Civil Liberties Union, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.
La demanda, además, establece que es “inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.