Orlando Al Día Florida aprueba un conjunto de leyes migratorias más estrictas que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como asesinato en primer grado y violación infantil. El gobernador Ron DeSantis firmó las nuevas disposiciones, consolidando a Florida como uno de los estados con políticas migratorias más severas en Estados Unidos.
Las nuevas leyes están generando intensos debates y críticas por parte de grupos defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes advierten sobre posibles violaciones constitucionales. Las nuevas leyes destinan aproximadamente 298 millones de dólares para fortalecer la aplicación de las normativas migratorias.
Este presupuesto permitirá contratar a más de 50 agentes de seguridad dedicados exclusivamente a la supervisión de inmigrantes, adquirir nuevos equipos, capacitaciones y bonificaciones para quienes colaboren con las autoridades federales. Además, se contempla el reembolso de los costos derivados del uso de instalaciones de detención.
El paquete legislativo forma parte de una estrategia más amplia de los republicanos para reforzar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien respalda medidas similares en otros estados. Florida se posiciona a la vanguardia de los territorios que buscan endurecer la legislación contra la inmigración ilegal, alineando sus recursos locales con las estrategias federales en seguridad fronteriza.
Medidas adicionales y cuestionamientos constitucionales
Además de la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, las nuevas leyes tipifican como delito el reingreso a Florida de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y endurece las penas para cualquier infracción cometida por no ciudadanos.
La aplicación de la pena capital es la medida más controversial, ya que, según expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, podría ser inconstitucional. Opositores a la ley citan precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos para argumentar que esta disposición podría ser impugnada en los tribunales.
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Otra reforma significativa dentro del paquete legislativo es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. La revocación de esta política ha recibido duras críticas, ya que afecta a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA.
