Orlando Al Día Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó un decreto que endurece los requisitos de prueba de ciudadanía para el registro de votantes. La medida ha generado controversia, ya que algunos críticos advierten que podría dificultar el acceso al voto para ciudadanos de bajos recursos y adultos mayores que no cuentan con documentación como pasaportes o certificados de nacimiento.
Los legisladores republicanos han impulsado durante años la exigencia de documentos que prueben la ciudadanía en el proceso de inscripción de votantes. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema impide que los estados establezcan este requisito para las elecciones federales, ya que la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) permite el uso de un formulario de registro que no exige dicha documentación.
El decreto de Trump ordena a la EAC incluir este requisito y amenaza con retener fondos federales a los estados que no lo apliquen. Actualmente, la comisión cuenta con dos miembros demócratas y dos republicanos, lo que podría influir en su decisión final sobre la implementación de la medida.
Supervisión y revisión de padrones electorales
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabajará en conjunto con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk para auditar los padrones electorales estatales y detectar posibles extranjeros en las listas de votantes. Posteriormente, la información se enviará a los funcionarios estatales y locales encargados de administrar las elecciones.
Defensores del derecho al voto han expresado preocupación, argumentando que las bases de datos del DHS no están diseñadas para esta tarea y podrían incluir a ciudadanos naturalizados en procesos de depuración de votantes.
La orden ejecutiva de Donald Trump podría modificar de manera significativa las prácticas electorales en EE.UU. mientras refuerza sus afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020. No obstante, su implementación aún es incierta y podría enfrentar desafíos en los tribunales.
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Expertos como Richard Hasen, profesor de derecho electoral en UCLA, consideran que la medida es una «apropiación de poder ejecutivo» que busca suprimir votantes. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, criticó la acción calificándola como un intento de dificultar el derecho al voto.
En contraste, grupos conservadores como la Fundación Heritage han respaldado la iniciativa, argumentando que permitirá utilizar recursos federales para mejorar la seguridad electoral y evitar fraudes en el sistema de votación.
El decreto también ordena al Departamento de Justicia emprender acciones contra los estados que aceptan boletas por correo después del día de las elecciones. Actualmente, unos 20 estados permiten esta práctica, siempre que las boletas tengan un sello postal que confirme su envío antes de la fecha límite.
