Orlando Al Día Desde el 25 de marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos canceló las visas de al menos 15 estudiantes internacionales de la Universidad de Florida Central (UCF), según confirmó Courtney Gilmartin, vicepresidenta adjunta de Iniciativas Estratégicas y Comunicaciones de esa institución.
Esta medida forma parte de una operación federal más amplia que afecta a cientos de estudiantes registrados bajo el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), una base de datos utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional para rastrear a estudiantes y visitantes internacionales.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, informó a finales de marzo que su agencia revocó unas 300 visas de estudiantes. Sin embargo, cifras de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración indican que más de 4.700 estudiantes fueron eliminados del sistema SEVIS.
De esos casos, al menos 290 estudiantes o recién graduados interpusieron demandas legales contra la medida. Las denuncias, presentadas en tribunales federales, buscan revertir la decisión del gobierno y permitir que los estudiantes reanuden sus estudios o trabajos en el país.
En algunos casos, los jueces federales emitieron órdenes temporales para frenar las deportaciones. Según datos judiciales, 35 de las 65 demandas presentadas hasta ahora obtuvieron fallos favorables para los estudiantes afectados, al menos de forma provisional.
Impacto en la comunidad internacional de UCF
De los 15 estudiantes afectados por la cancelación de visas en la UCF, uno se encuentra actualmente detenido. La universidad mantiene contacto directo con los estudiantes cuyos registros fueron cancelados y les ha recomendado abandonar el país para evitar sanciones adicionales.
Estas medidas afectan no solo a alumnos activos, sino también a egresados que trabajaban bajo el programa de Formación Práctica Opcional (OPT), el cual permite a estudiantes F-1 permanecer en Estados Unidos y desempeñarse laboralmente en campos relacionados con su área de estudio.
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Al menos 14 de los estudiantes incluidos en las demandas planeaban graduarse en los próximos seis meses antes de que se interrumpieran sus estudios. El proceso legal continúa, mientras las universidades y abogados de inmigración piden mayor transparencia sobre los criterios utilizados para estas cancelaciones. La incertidumbre crece entre miles de estudiantes internacionales que temen convertirse en los próximos afectados por esta medida.
