Florida aprobó una legislación clave para proteger a los inmigrantes de quienes se hacen pasar por abogados sin contar con credenciales. La ley HB 915, conocida como “Ley de anuncios de servicios de representación”, exige mayor transparencia en los servicios notariales relacionados con inmigración.
El gobernador Ron DeSantis firmó la norma que prohíbe términos engañosos como “especialista en inmigración” y obliga a los no abogados a declarar explícitamente que no pueden brindar asesoramiento legal. Desde el 1 de julio de 2025, todos los notarios públicos que no sean abogados deberán incluir un aviso visible en sus oficinas y materiales promocionales.
El texto indica que no están autorizados para ejercer la abogacía ni ofrecer asesoramiento legal. Este requisito busca cerrar brechas lingüísticas que han permitido a estafadores aprovecharse de la comunidad migrante, especialmente en zonas del sur y centro de Florida.
El mensaje exigido dice lo siguiente: “No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración.”
Derechos para las víctimas y respaldo bipartidista
La legislación permite a las víctimas demandar por daños, incluso solicitar que se cubran honorarios legales si el caso llega a los tribunales. Con este recurso legal, el estado intenta brindar herramientas eficaces para frenar el fraude.
El apoyo a la ley para proteger a los inmigrantes de estos «abogados» trascendió líneas partidarias en Florida. Recibió 114 votos a favor y solo uno en contra en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado contó con respaldo unánime.
Legisladores demócratas como Johanna López, Marie Paul Woodson y Tina Polsky lideraron la propuesta, pero también colaboraron republicanos como Tom Leek. La Conferencia de Obispos Católicos de Florida y organizaciones civiles como la Coalición de Inmigrantes también respaldaron la medida.
Contexto de urgencia: una comunidad vulnerable
Florida alberga a una de las poblaciones inmigrantes más grandes del país. Muchos hispanohablantes han sido víctimas de fraude notarial, creyendo que trataban con profesionales calificados. Estos engaños provocaron pérdidas económicas y, en algunos casos, procesos de deportación.
El malentendido cultural sobre el rol del notario en Estados Unidos ha contribuido al problema. Mientras que en muchos países latinoamericanos un notario tiene formación legal, en EE. UU. su función se limita a autenticar firmas. Esta diferencia ha sido aprovechada por personas inescrupulosas que venden servicios falsos bajo la apariencia de legalidad.
Con la implementación de la ley HB 915, Florida intenta crear un entorno más seguro para los inmigrantes, donde puedan acceder a servicios legítimos sin temor a ser estafados. La normativa busca prevenir el abuso y fomentar la confianza en un sistema que muchas veces ha resultado inaccesible o confuso para quienes recién llegan al país.