Orlando Al Día Una jueza federal en Massachusetts emitió una orden que impide al gobierno de Estados Unidos terminar de forma anticipada el estatus de parole humanitario. Asimismo, los permisos de trabajo seguirán vigentes para cientos de miles de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela beneficiados por este estatus.
Esta decisión detiene una medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que buscaba revocar estos beneficios de manera masiva. La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, dictó una suspensión temporal contra la notificación del Registro Federal que intentaba revocar estos permisos antes de que concluyeran los dos años originalmente concedidos.
En su decisión de 41 páginas, la jueza estableció que el gobierno no puede retirar el parole ni los permisos de trabajo sin una evaluación caso por caso, tal como lo exige la ley de inmigración vigente. Esta medida protege a aproximadamente 530,000 personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario implementado por la administración del expresidente Joe Biden.
El programa arrancó en 2022 para venezolanos y se amplió en 2023 para incluir a cubanos, nicaragüenses y haitianos. A través de esta iniciativa, los migrantes accedieron a un permiso de estancia legal de dos años, siempre y cuando contaran con un patrocinador en territorio estadounidense.
Argumentos legales y efectos inmediatos
La jueza Talwani argumentó que la terminación anticipada del parole humanitario, tal como se planteó, violaba el mandato legal que exige decisiones individualizadas en estos casos. También criticó la justificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que alegó un supuesto error legal para acelerar la revocación de permisos con el objetivo de facilitar deportaciones bajo el mecanismo de «deportación expedita».
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La corte advirtió sobre el daño irreparable que enfrentarían los beneficiarios si perdieran su estatus sin una evaluación adecuada. La jueza reconoció que muchos de ellos ya establecieron sus vidas en Estados Unidos, con empleos, viviendas y vínculos comunitarios formados a partir de la promesa de permanencia temporal. Por esta razón, la orden judicial impide de momento que USCIS continúe enviando notificaciones individuales de cancelación.
Un freno judicial a la agenda migratoria
Esta decisión judicial representa un revés importante para la agenda migratoria de la Casa Blanca bajo las directrices heredadas de la administración Trump. Mientras continúa el litigio, los beneficiarios del parole humanitario podrán mantener su estatus legal y conservar sus permisos de trabajo.
La batalla legal sigue en curso, pero esta suspensión ofrece un alivio temporal para cientos de miles de personas que dependen de este programa para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Según la jueza Talwani, cualquier intento de revocar estos beneficios sin justificación individual pone en riesgo el Estado de derecho y la integridad de las políticas migratorias del país.
