A finales de enero, los fiscales generales de una veintena de estados presentaron una demanda solicitando a la corte que se le de fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EEUU.
Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue “arbitraria y caprichosa”.
A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitarios al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de “servicios a los migrantes”.
En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.