Las llamadas iniciativas ‘anti-woke’ en las áreas de inmigración, educación, salud y los derechos LGBTQ+ del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien compite en las primarias por la nominación presidencial republicana para 2024, están teniendo un costo importante para los contribuyentes del estado tanto en honorarios de abogados como pérdidas de inversiones.
Dichas iniciativas, como la promulgación de la ley «no digas gay’ y la ley «no-woke» , restricciones al derecho al aborto, la cancelación del estatus especial del que gozaba Disney World entre otras, son descritas por sus opositores como guerras culturales innecesarias con motivación electoral.
Las iniciativas y políticas de DeSantis han generado costosas demandas judiciales de varias comunidades que han visto violados sus derechos y son precisamente los residentes de Florida quienes se ven obligados a pagar por sus costos.